martes, 1 de marzo de 2016

¿Es posible integrar el modelo de partería en el México de hoy?

LA VOZ DE LA COALICIÓN

Foto: Asociación Mexicana de Partería








Por: Cristina Alonso Lord* y Silvia María Loggia**
Cimacnoticias | México, DF.- 23/02/2016
El cambio demográfico y los estilos de vida indican que existen madres adolescentes –producto de un embarazo no deseado– o adultas al final del periodo reproductivo, con mayores tasas de complicación.

Hay más mujeres con sobrepeso y obesidad; que sobreviven a una enfermedad grave de la niñez y necesitan un cuidado especial durante el embarazo y el parto; crecientes tasas de partos que no requerían cesárea.

Este proceso expone a una polarización en la prestación de servicios de atención a la salud materna en “alto riesgo” y “bajo riesgo”, en un contexto donde sólo existen poco más de 400 hospitales “resolutivos” para las complicaciones obstétricas a lo largo del país.

El cambio demográfico (incremento de población adulta mayor en relación a la población joven) y la combinación con el perfil epidemiológico (incremento de muertes derivadas de enfermedades no trasmisibles en relación a las infecciosas) –aunque México puede presentar ambos en algunas entidades federativas– requieren de profesionales de la salud altamente especializados para la atención de alrededor de 25 por ciento de las mujeres y, un perfil adecuado para la atención de embarazos de bajo riesgo que constituyen 75 por ciento de las mujeres del país, en una red funcional que asegure la atención oportuna y universal de la emergencia obstétrica.

En este marco, es oportuna la integración del modelo de partería en el actual sistema de salud. No obstante, significa revertir la actual pirámide de los recursos humanos en salud, 70 por ciento desempeñándose en el segundo y tercer nivel de atención, y sólo un 30 por ciento en el primer nivel de atención.

El siguiente paso es transformar las políticas públicas, insertar el modelo de partería al andamiaje normativo, reorientar la planificación y reordenar del ejercicio presupuestal.

La Coalición por la Salud de las Mujeres, con base en la evidencia internacional, contribuye a establecer propuestas dirigidas a mejorar la calidad de la atención de salud materna y del recién nacido.

La mayoría de las mexicanas irá al hospital para dar a luz, es decir tendrá acceso a atención institucionalizada del parto, pero no es sinónimo de atención con calidad por las carencias de infraestructura y recursos humanos en el sistema de salud. El modelo de atención del sistema hospitalario requiere una transformación para que las mujeres reciban un trato digno y respetuoso.

México debe pensar en la construcción del modelo de partería pluricultural. El sistema de salud debe fortalecer la atención del parto en el primer nivel de atención con un equipo multidisciplinario e integrado a un sistema funcional de atención a las emergencias.

La contratación de parteras, por sí misma, en el sistema de salud actual, no es suficiente para transformar la realidad de un parto digno. Se requiere articular un modelo de partería cuyo eje esté centrado en las mujeres y en sus necesidades, y capaz de generar la confianza con las usuarias.

El enfoque debe ser la entrega de servicios de salud basados en la comunidad, es decir, en el primer nivel de atención y en la atención primaria a la salud.

Hoy existen oportunidades para que las parteras puedan fortalecer sus habilidades en la organización y dirección de los servicios locales para las mujeres, parejas y familias.

México se encuentra en un camino de transformación: por la permanencia y continuidad de las parteras tradicionales, por la formación de parteras técnicas profesionales, y el surgimiento de nuevas escuelas de partería; por la reorientación de las licenciadas en enfermería y obstetricia, y la especialización en enfermería perinatal, y por la expresión de las voces de las mujeres que reclaman un cambio en la forma de parir.

¿POR QUÉ LA PARTERA Y EL MODELO DE PARTERÍA?

Una partera está capacitada para acompañar, asesorar y atender a la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio, prepararla para el trabajo de parto y asistirla durante el parto. Está capacitada para llevar a cabo los nacimientos con autonomía y recibir al bebé y proporcionarle los cuidados necesarios en sus primeras horas de vida; incluye medidas preventivas, la detección de complicaciones en la madre –y bebé– y la realización de medidas de estabilización y referencia en caso de emergencia.

La partera debe constituir el primer punto de contacto para las mujeres que acceden a los servicios de salud materna y es el conducto para la atención a lo largo del embarazo, el parto y el periodo posnatal.

Es una experta en el embarazo de bajo riesgo y, también ofrece un papel fundamental en la coordinación con el proceso de referencia del primer al segundo nivel y cuando la mujer regresa a la comunidad, y tiene la capacidad de dar seguimiento y mantener la atención.

Los principios clave para el modelo de partería deben construirse sobre la base de los siguientes aspectos:

a) Las mujeres deben tener un servicio de maternidad integrado, que garantice la continuidad en la atención.
b) La mayor parte de la atención debe estar basada en la comunidad, es decir, en el primer nivel de atención.
c) Las mujeres deben tener fácil acceso a una partera como primer punto de contacto durante el embarazo.
d) Las mujeres deben tener acceso las 24 horas a la asesoría y apoyo de una partera.
e) Para cuidar los resultados de la atención para las mujeres, las parteras deben ser capaces de referirse directamente a otros profesionales de la salud, canalizar a las mujeres a servicios especializados y/o recibirlas para poder establecer un seguimiento en el ámbito local.
f) La partera debe ser parte de un equipo multidisciplinario que facilite la comunicación entre los diferentes niveles de atención.

Los servicios de las parteras pueden basarse en la comunidad (parto en casa o en la comunidad), en los centros de salud, pero también cerca o adentro de hospitales (como son las Posadas y los Centros de Nacimiento). La evidencia mundial indica que la partera y el modelo de partería es una opción segura para todas las mujeres que presentan un embarazo de bajo riesgo.

Hacemos un llamado al doctor José Narro, recién nombrado secretario de Salud, a tomar acciones concretas para revertir la pobre calidad de la atención, la hipermedicalización y la iatrogenia (alteración, especialmente negativa, del estado de la o el paciente producida por el personal médico) tan frecuente en los hospitales, involucrando las voces de las mujeres para contribuir a hacer realidad lo escrito en el Plan Nacional de Desarrollo y a fortalecer las políticas de salud materna y del recién nacido.

Este proceso optimizaría y redistribuiría de mejor manera la inversión en salud materna con impactos en la mejora de la calidad de la atención, la eliminación de la violencia obstétrica y, potencialmente, la reducción en la morbimortalidad materna.

México necesita transformar la forma de parir y de nacer, y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.

*Cristina Alonso Lord es presidenta de la Asociación Mexicana de Partería (AMP).
**Silvia María Loggia es secretaria técnica de AMP.
***AMP es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Duarte en Veracruz: un desastre para la salud de las mujeres

LA VOZ DE LA COALICIÓN

CIMACFoto: César Martínez López













Por: David Mariano Meléndez Navarro*
Cimacnoticias | México, DF.- 26/01/2016
El diccionario de la Real Academia Española define la palabra “desastre” como “desgracia grande, suceso infeliz y lamentable”; “cosa de calidad, resultado, organización, aspecto u otras características muy malas”; “persona poco hábil, poco capaz, que lo hace todo mal o a la que todo le sale mal”.

El desempeño de Javier Duarte como titular del Ejecutivo en el estado de Veracruz cumple a cabalidad con cada una de las características de un desastre en todo el concepto de la palabra.

Su desempeño puede ser evaluado a partir de diversas áreas de la política social y en cada una de ellas las evidencias de su incapacidad superarían nuestra ficción, no en vano de acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en Veracruz, se incrementó 22 por ciento el número de personas viviendo en situación de pobreza extrema ocupando el penoso quinto lugar nacional con mayor producción de pobreza.

Pero como botón de muestra vamos a centrarnos en esta ocasión en el tema de la salud y particularmente en los indicadores que tienen impacto en la salud de las mujeres.

Para no ser tachadas de arbitrarias tomemos los objetivos en salud establecidos en el propio Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

El Objetivo 4 se propone “detectar y tratar en forma oportuna el cáncer de mama (CaMa) y cervicouterino (CaCu)”. Para cumplir ese objetivo, los mastógrafos son equipos indispensables e insustituibles para una detección oportuna de CaMa y que de acuerdo con los lineamientos en la materia, todas las mujeres de 40 a 69 años de edad deben practicarse de rutina cada dos años.

Adivine: ¿cuántos tomógrafos existen en los Servicios de Salud de Veracruz? De acuerdo con la Dirección de Información en Salud de la Secretaría de Salud federal, resulta que tenemos sólo tres mastógrafos, leyó bien, sólo tres; en 2010 se tenían registrados nueve.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2016 vivirán en Veracruz 239 mil 640 mujeres entre 40 y 69 años de edad sin seguridad social; eso implica que hay un mastógrafo para 79 mil 880 mujeres veracruzanas.

En ese mismo sentido, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiologia, Veracruz ocupa el último lugar en el indicador de cobertura de detección por mastografía y el antepenúltimo sitio en detección de CaCu en mujeres de 25 a 34 años.

Ahora revisemos el primer objetivo en salud de la actual gestión estatal que a la letra dice: “Disminuir la mortalidad materna (MM) por debajo de la media nacional”, tampoco se ha logrado, si bien se ha reducido, no se ha cumplido el objetivo.

Las últimas cifras publicadas por el Observatorio de Mortalidad Materna registra para 2013 una Razón de Muerte Materna (RMM) nacional de 38.2, mientras que en Veracruz ocurrieron 46.4 MM por cada 100 mil nacidos vivos.

El esfuerzo del personal de salud que labora en los hospitales de los Servicios de Salud de Veracruz no es suficiente si no existe un compromiso real del principal responsable por mejorar la infraestructura.

Respecto a las salas de expulsión, el asunto es preocupante. En 2010 se tenían registradas un total de 188 unidades; actualmente se tienen 123. Cabe mencionar que es la cifra más baja desde los últimos 14 años, estamos hablando de una reducción de 35 por ciento de infraestructura básica para la atención obstétrica.

No obstante, el desastre que está dejando la administración actual en estos pocos meses que le restan a la gestión de Duarte, en lugar de preocuparse por mejorar la salud de las y los veracruzanos, fiel a su lejanía de la realidad y negación de su incapacidad, envía una iniciativa que vulnera la salud y los derechos de las mujeres proponiendo una retrógrada y ociosa reforma al artículo cuarto de la Constitución Política del estado, proponiendo que “el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas en las leyes”.

Cabe mencionar que esta iniciativa la presenta justo cuando a nivel nacional Veracruz ha tomado protagonismo por un importante incremento de la violencia, destacando la desaparición forzada de jóvenes por parte de elementos de la Policía Estatal, y la entrega de 15 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

¿No le basta a Javier Duarte con los efectos que su incapacidad ha producido? ¿Pretende vulnerar todavía más la salud y los derechos de las mujeres? ¿Es posible que su racionalidad lo lleve a pensar que ya que no ha podido proteger a las y los veracruzanos nacidos vivos y pueda proteger a embriones desde el momento de la concepción?

Pero si ni siquiera ha sido capaz de proteger la vida y la salud de miles de recién nacidos, las incubadoras para prematuros se redujeron importantemente pasando de 257 en el año que tomó posesión (2010) a 198; equivale a un total de 23 por ciento de reducción de incubadoras, y consecuentemente en el indicador de desempeño de letalidad neonatal, Veracruz ocupa el penoso lugar 28.

Tampoco es una racionalidad económica, puesto que el gasto estatal en salud per cápita es insuficiente por sí mínimo. En su gestión se redujo en 69 por ciento, pasando de 305 pesos a la ínfima cantidad de 95 pesos. En ese mismo sentido, en el porcentaje de gasto en salud respecto al gasto total programable, Veracruz ocupa el lugar 28 con el menor porcentaje de gasto en salud.

¿Cuál es la motivación del gobernador para vulnerar más los derechos de las mujeres? ¿Acaso no le han informado sobre las resoluciones en la materia de la Suprema Corte de Justicia en 2008?

Pero ahora la iniciativa está bajo la responsabilidad del Congreso estatal; en una primera ronda ya fue aprobada. Por reglamento, tratándose de modificación parcial a la Constitución Política estatal es necesaria una segunda sesión de votación que será en mayo próximo para que de ser aprobada por el Congreso sea enviada para su aval o rechazo a los 212 ayuntamientos veracruzanos en sesión de cabildo.

¿Tendrá la capacidad la clase política de parar la ocurrencia de Duarte? Todo puede pasar en Veracruz. De ser así, esa aprobación sería vergonzosa para la clase política veracruzana exhibiendo a nivel nacional e internacional no sólo su lejanía con las necesidades actuales de la sociedad, sino su profunda ignorancia política, jurídica, ética y de educación básica.

*Secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México.

**El Comité Promotor por una Maternidad Segura en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

jueves, 3 de diciembre de 2015

Reivindicando la lucha de género: Cami Nellys Palomo Sánchez

LA VOZ DE LA COALICIÓN

CIMACFoto: César Martínez López














Por: Adriana Patricia Lozano Daza y María Sarai Fabián Villa*
Pasados y presentes que duelen, discriminaciones y desigualdades que persisten, vivencias de violencia contra las mujeres indígenas, sus voces tocan nuestra fibra más sensible, sus experiencias, de manera lamentable siguen siendo tan cotidianas, y como mujeres, como hermanas se precisa, justo en estas fechas de noviembre, un llamado a la reflexión y al análisis; la lucha por la equidad real nos convoca.

Si bien mucho se ha avanzado en el camino de la exigencia por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia, esta última sigue siendo uno de los principales pendientes que necesita ser atendido por nuestras autoridades.

Por ello, hoy en este espacio damos voz a quien la necesita, pues sus testimonios, sus historias de vida evidencian los grandes adeudos existentes en nuestro país:

“...A los dos años que falleció mi papá yo me casé, me fui con mi esposo, y él me daba maltrato, los golpes; bueno, al principio viví bien pero ya después, empezó todo eso. Pasado un tiempo, él decidió irse al extranjero, estuvo cinco años, yo me quedé embarazada como de tres meses, él allá y yo acá.

“Cuando yo tuve a mi niño, porque fue niño, nació muerto... cuando mi esposo se enteró que nació muerto, me culpó a mí, decía que no me atendí a tiempo, que por qué no fui con un doctor; y yo me sentí bien mal...” (Historia de vida, mujer Náa Savi, mixteca, 42 años).

“...Sufrí violencia de parte de mis medios hermanos. Ellos no querían que nosotras naciéramos porque les íbamos a quitar el terreno que les iba a tocar a ellos. Hasta la fecha, yo no puedo olvidar lo que me pasó en mi niñez y la violencia que sufrí con mis papás. A mi mamá la golpeaban, pero ella no tuvo ese valor de dejar a mi papá, por sus hijos...” (Historia de vida, mujer mixteca, 27 años).

“...Desde quinto de primaria me apartaron, me pidieron. Así sin que fuéramos novios, sin que yo platicara con él antes, porque esa era la costumbre… la mayoría de mujeres de mi edad se casaron por obligación porque la cultura de la comunidad así es...” (Historia de vida, mujer Náa Savi, mixteca, 42 años).

Es a partir de estas historias de dolor e injusticia que emerge una esperanza, una conciencia, la cual ha permitido la unión y organización por el reconocimiento de los derechos inherentes de las mujeres indígenas, en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, lugar que alberga la Casa de la Mujer Indígena (Cami) Nellys Palomo Sánchez.

La Cami es un espacio abierto para la atención de las mujeres indígenas que sufren diversos tipos de violencias: sexual, física, patrimonial, por parte de actores e instancias de salud o de justicia que paradójicamente violentan sus derechos, cuando su papel debiera de garantizar los mismos (violencia institucional).

Por este tipo de situaciones, las mujeres que se organizan han decidido tomar la palabra; aun cuando esto no es “bien visto” en sus comunidades, lo cual puede ser una causa para estigmatizar su labor y señalarlas, y en el peor de los casos ser el blanco de atentados que pongan en riesgo su vida.

Pero ante el desafío ellas no claudican, pues las motiva el deseo de lograr que otras mujeres puedan tomar decisiones en libertad.

 “...Estoy aquí, estoy luchando por algo que a mí me sucedió, estoy luchando por algo que a mí me obligaron a pasar; y no quiero que las muchachas de hoy las obliguen a casar. ¡Que se casen por su gusto!...” (Mujer Náa Savi, mixteca, 42 años).

Por ello, al acercarse el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres decidimos hablar de la lucha, de estos destellos de reivindicaciones de género que existen en nuestro país, y no sólo dar datos de la pandemia mundial que atenta contra las mujeres: la violencia.

La ruta es incierta, difícil de andar y en algunos sectores existe la incredulidad generando resistencias en el interior de las regiones indígenas, en las instituciones y en la propia sociedad; pero ante tal panorama, las mujeres siguen construyendo desde nuevas perspectivas.

Desde el buen trato, como propuesta de reconciliación configuran nuevas formas de comunicarse para alcanzar la tan anhelada equidad entre mujeres y hombres. 

Asimismo, tejen redes que denuncien y atiendan los casos de violencia, descubriendo una realidad que en ocasiones se muestra “natural” para algunos, o en otros, se mantiene en segundo plano, como una verdad incómoda.

Por ello hoy volteemos la mirada, observemos bien nuestro entorno y unamos esfuerzos para construir un mundo en que la violencia contra las mujeres sea eliminada de raíz; hay que tener en mente que las consecuencias de la violencia de género perdurarán generaciones sino actuamos ahora. 

*Integrantes de Kinal Antzetik Distrito Federal.
**Kinal Antzetik es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 

jueves, 5 de noviembre de 2015

Fusión de dos programas y reducción de presupuesto afectará la ejecución de programas en salud sexual y reproductiva


·         OSC exigen no regresión del presupuesto asignado a salud sexual y reproductiva, y al Seguro Popular.

·         Ante la discusión del Proyecto de Egresos de la Federación 2016 osc presentaron propuestas en las Comisiones de Presupuesto, Salud e Igualdad de Género.


En este momento la Cámara baja discute la Propuesta de Presupuesto Egresos de la Federación 2016 (PPEF), por ello, la Coalición por la Salud de las Mujeres presenta un análisis para aportar a la discusión del Proyecto de Presupuesto.

Al revisar el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF), las promesas del discurso gubernamental de garantizar derechos en salud, y en Salud sexual y reproductiva prácticamente se van al suelo. Si el Sistema de Protección Social en Salud —la principal fuente de financiamiento para los 32 servicios estatales de salud—presenta una reducción de un -5,43% con respecto año 2015, el Seguro Popular un decrecimiento de un -2.17%, el gasto etiquetado en salud materna, sexual y reproductiva una tasa de decrecimiento -7,41% en relación al mismo año, y el presupuesto del Ramo 12 Salud presenta una tasa de decrecimiento de un -6,73%.

Para la Coalición, estas reducciones son relevantes para el sector salud, pues afectarán la ejecución de programas sustantivos; además de que se contradice con la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que indica en su artículo 58 fracción tercera: “…No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables (…)”.

Sobre el Ramo 12 de Salud: Programa Presupuestario P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva”;  Programa P016 “Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS”; y sobre el Anexo de Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la reducción presupuestal, la compactación de programas y la falta de claridad en el planteamiento de metas institucionales y de sus indicadores, afectan el acceso a la salud reproductiva de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como lo son mujeres, niñas e indígenas.

Entre las principales afectaciones destaca la fusión de dos Programas Presupuestarios: “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” (P017) y “Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica” (U007) para dar como resultado el P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva”. Sin embargo, el monto asignado en la propuesta para 2016 a la fusión de ambos programas (P020, de $2, 108, 891, 155 pesos) no corresponde a la suma de los dos Programas anteriores de 2015 ($2, 209, 066, 072 pesos), sino que disminuye un -7.41%.

Además de la afectación financiera, el fusionar los dos programas P017 y U007, implica un profundo retroceso toda vez que estas esferas son tratadas en capítulos separados, con metas y estrategias específicas desde el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 y reafirmado 20 años después en el Consenso de Montevideo (2013) así como en la recién aprobada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por lo que debería mantenerse la separación de los Programas Presupuestarios.

De manera adicional, la fusión de ambos Programas es una acción contraria a la promoción de la transparencia y seguimiento presupuestal establecida en el artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala: “Establecer acciones para mejorar la evaluación, transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto federalizado en los tres órdenes de gobierno, conforme a los principios del Artículo 1 de esta Ley; promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, así como la publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la ciudadanía”.

En aras de permitir la transparencia y rendición de cuentas, es necesario fortalecer el desglose presupuestario de cada Programa (P020: Salud Materna, Sexual y Reproductiva y P016: Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS) por Unidad Responsable y por Programa de Acción así como asociar el gasto con el cumplimiento de las metas propuestas.

Se debe mejorar la correspondencia y homologación entre los indicadores utilizados de forma diferenciada en las diferentes herramientas del PPEF, por ejemplo: a) Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Presupuesto; b) Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública; c) Sistema de Evaluación del Desempeño; y, d) Convenios AFASPE (Convenio  específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas), e incluso, entre las “Estrategias Programáticas”. Por ejemplo, que en el Programa “Salud Materna y Perinatal”, se eliminó cualquier acción enfocada a la reducción de la Muerte Materna y sólo se mantuvo la respectiva  al tamiz neonatal.

Debido a la fusión de Programas, y a la descentralización del gasto en salud en los estados, se dificulta el seguimiento del ejercicio del gasto. Por ello, para lograr los objetivos de transparencia que propone el Proyecto de Presupuesto, es fundamental garantizar el acceso al Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) a la ciudadanía interesada en dar seguimiento a los programas relacionados con la salud reproductiva y comunidades y pueblos indígenas.

La Coalición señala las siguientes prioridades:
v  Separar los Programas Presupuestarios señalados.
v  Revertir el recorte al Ramo 12 Salud, al Sistema de Protección Social en Salud y a Seguro Popular, igualando los recursos aprobados en el PEF 2015.
v  Recuperar la pérdida del -7.41 por ciento de decrecimiento en el  presupuesto para el Programa Presupuestario P020, que fusiona dos Programas anteriores.
v  Desglosar las acciones para el ejercicio del gasto de los programas presupuestarios P020 (Planificación Familiar y Anticoncepción; Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes; Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género; Prevención y Control del Cáncer de la Mujer; Salud Materna y Perinatal; Igualdad de Género en Salud) y el P016 (Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS).
v  Establecer obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de reportes periódicos del AFASPE en el Art. 34 del Sistema de Protección Social en Salud en el Decreto del PEF 2016.
v  Destinar recursos adicionales y específicos al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, para acciones enfocadas a la prevención del VIH en mujeres.
v  Fortalecer los recursos presupuestales para acciones específicas en salud con población indígena.
v  Fortalecer la homologación de indicadores en las distintas herramientas del PPEF.
v  Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, garantizando el acceso público a la plataforma SIAFFASPE.
v  Etiquetar recursos específicos para el levantamiento de una Encuesta de Análisis para  la población de 10 a 15 años, hoy invisible, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), único instrumento que permitirá evaluar la aplicación de esa política pública en ese grupo de edad, de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Por último, es necesario que la Comisión de Igualdad de Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, considere la instalación del mecanismo “Mesas Interinstitucionales para la Discusión del Presupuesto para el Anexo de Igualdad”, en el que, además de las instituciones, puedan participar las organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS:
Cirenia Celestino Ortega
55102033
Cel. 5513699146

Análisis y propuestas al PEF 2016

LA VOZ DE LA COALICIÓN


CIMACFoto: César Martínez López











Por: Daniela Díaz Echeverría*
En México se acaba de realizar la Segunda Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, en la cual de nueva cuenta se pone al centro el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, documento que reposiciona en el marco regional los derechos sexuales y los derechos reproductivos establecidos en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en octubre de 1995.

El Consenso se ha impulsado desde la Cepal, uno de los más altos niveles de articulación en América Latina (AL) y el Caribe, y México no sólo ratifica su firma, sino que se propuso para la segunda reunión regional para su seguimiento.

A lo largo del acuerdo se señala el compromiso de los países para establecer recursos orientados a una serie de acciones de política pública nacional en salud sexual y reproductiva.

Por ejemplo se acuerda: garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.

Tal compromiso se articula con los principios de la Observación General 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales —pacto signado por el país— particularmente con que el derecho al disfrute de más alto nivel posible de salud está sujeto a la realización progresiva (del derecho) y a la disponibilidad de recursos.

De igual manera se vincula con otros elementos fundamentales de los Derechos Humanos (DH), como la igualdad y la no discriminación en el acceso a la salud (incluyendo la atención al VIH, a las poblaciones indígenas y migrantes, y a las personas con discapacidad).

Estos marcos normativos internacionales señalan no sólo obligaciones, sino rutas del para qué y en qué se asignan los presupuestos en salud y en salud sexual y reproductiva en particular, acciones básicas como disponibilidad de recursos humanos capacitados en el marco de lineamientos clínicos y derechos sexuales y reproductivos, infraestructura sanitaria suficiente para cubrir las necesidades en salud de la población y con espacios habilitados culturalmente, abasto de métodos anticonceptivos y antiretrovirales, medicamentos para atención de embarazo y parto, recursos para estrategias comunitarias, y para asegurar el traslado de la población, efectivos sistemas de referencia y contra referencia, recursos para mejorar los registros y para la investigación, con el fin de mejorar la calidad de la atención considerando la diversidad poblacional y determinantes sociales.

Con todas estas consideraciones y directrices sobre la mesa, no queda sino exigir que el gobierno mexicano las realice, pero además con una implementación transparente, apegada a la rendición de cuenta permanente y procesos participativos.

Al revisar el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF), las promesas del discurso gubernamental de garantizar derechos en salud, y en salud sexual y reproductiva prácticamente se van al suelo.

Si el Sistema de Protección Social en Salud —a su haber, la principal fuente de financiamiento para los 32 servicios estatales de salud— presenta una reducción de -5.43 por ciento con respecto al 2015 y el gasto etiquetado en salud materna, sexual y reproductiva una tasa de decrecimiento de -7.41 por ciento en relación al mismo año, igualmente el presupuesto del Ramo 12 Salud presenta una tasa de decrecimiento de -6.73 por ciento.

De la misma forma, la fusión de los programas en salud reproductiva con el de salud materna en una sola categoría en el Proyecto del PEF 2016 atenta contra los planteamientos del propio Consenso de Montevideo, en cuanto a abordar y desarrollar acciones públicas diferenciadas por cada temática en salud reproductiva.

Es de recordar que los derechos reproductivos, por ejemplo, contienen la autonomía en diversos temas como es la decisión de tener o no hijas o hijos; sólo este planteamiento requiere de acciones en salud diferenciadas y con recursos específicos.

A la par, recursos agregados conducen a opacidad en la transparencia y a una corta rendición de cuentas, contraria a cualquier gobierno que se diga democrático.

Por último, estos recortes presupuestales evidentemente profundizarán la insuficiencia presupuestaria para el desarrollo real de los seis programas de política pública en salud reproductiva e igualdad de género, y de las estrategias dirigidas al VIH en mujeres.

Los documentos internacionales de DH mencionados ubican a las niñas y mujeres como sujetas de derechos; lo que las vulneraría de manera importante son las políticas públicas económicas. La asignación y la estructura de presentación de los recursos en salud reproductiva y en salud en el Proyecto del PEF 2016, van en tal dirección.

Las organizaciones de la Coalición demandamos a la Cámara de Diputados revertir estos graves retrocesos y actúe conforme a sus facultades de contrapeso del Poder Ejecutivo, y de modificación al Proyecto de Presupuesto.

Para lo cual se propone lo siguiente:

—Revertir la separación de los Programas Presupuestarios señalados.
—Recuperar la pérdida de -7.41 por ciento de decrecimiento en el  presupuesto para el Programa Presupuestario P020 (Salud materna, sexual y reproductiva).
—Desglosar las acciones para el ejercicio del gasto de los programas presupuestarios P020 (Planificación familiar y anticoncepción, Salud Materna y Perinatal, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Prevención y control del cáncer de la mujer, Prevención, Igualdad de Género en Salud y Atención de la Violencia Familiar y de Género), y el P016 (Prevención y atención de VIH/Sida y otras ITS).
—Destinar recursos adicionales y específicos al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH para acciones enfocadas a la prevención del VIH en mujeres.
—Fortalecer los recursos presupuestales para acciones específicas en salud con población indígena.
—Fortalecer la homologación de indicadores en las distintas herramientas del PEF.
—Fortalecer en el decreto del PEF 2016 los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, garantizando el acceso público a la Plataforma Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFASPE), mecanismo en el cual se registra el gasto etiquetado en salud sexual y reproductiva que se transfiere a las entidades federativas.
—Etiquetar recursos específicos para el levantamiento de una Encuesta de Análisis para  la población de 10 a 15 años —hoy invisible—, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), único instrumento que permitirá evaluar la aplicación de esa política pública en ese grupo de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Por último, es necesario que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura considere la reinstalación del mecanismo “Mesas Interinstitucionales para la Discusión del Presupuesto para el Anexo de Igualdad”, en el que, además de las instituciones, puedan participar las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema.

*Daniela Díaz Echeverría es responsable del proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto Público, e investigadora en VIH en mujeres en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

viernes, 2 de octubre de 2015

Visión ciudadana ante el inicio de la Legislatura 2015-2018

LA VOZ DE LA COALICIÓN

Archivo CIMACFoto








Por: Martha Juárez Pérez*
Cimacnoticias | México, DF.- 29/09/2015
El pasado 1 de septiembre inició la 63 Legislatura federal: 500 nuevos diputados y continuidad de 128 integrantes en el Senado.

Por la reforma constitucional de 2014, que incluyó la paridad de género en elecciones a nivel federal (y local), la Cámara de Diputados cuenta ahora con 211 mujeres (42.4 por ciento). El Senado reinicia con 44 mujeres (34.3 por ciento).

Esos datos resultan relevantes, pues si bien las mujeres de ambas cámaras del Congreso de la Unión representan a los diferentes partidos políticos y su trabajo legislativo estará en consonancia, sobre todo, con los principios de éstos, también es cierto que existe una mayor posibilidad de que más mujeres se involucren y trabajen a favor de los Derechos Humanos de las mujeres, aunque tengan que persuadir a las élites parlamentarias, aún en manos de varones, de los beneficios de legislar con perspectiva de género.

En general, las y los mexicanos confiamos muy poco en el trabajo de diputados y senadores. De acuerdo con la encuesta Mitofsky (febrero de 2014), el nivel de confianza es de 5.4 y 5.7 respectivamente, lo cual está dentro del rango de confianza baja del sondeo.

La pregunta es: ¿Por qué las organizaciones que formamos la Coalición por la Salud de las Mujeres nos empeñamos en trabajar con el Poder Legislativo federal? Principalmente la Cámara de Diputados.

La respuesta no es sencilla, pero estamos convencidas de que éste es un espacio de deliberación pública en el que se tratan asuntos trascendentales para la vida y la salud de las mujeres, y que debemos llevar a estos espacios la voz de la ciudadanía organizada.

No tenemos espacio para comentar sobre el resultado del trabajo total de la anterior Legislatura, pero podemos señalar que en el último periodo ordinario (febrero a abril de 2015), en la Cámara baja se presentaron 384 iniciativas y 338 puntos de acuerdo. De éstos, se aprobaron dos y 74 asuntos respectivamente.

Las dos reformas aprobadas se refieren a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Las organizaciones de la Coalición tenemos bien definidas nuestras áreas de interés: la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo en adolescentes, el acceso a anticonceptivos, las mujeres y el VIH, la muerte materna, las mujeres indígenas y la salud reproductiva, el aborto seguro, la educación sexual integral, y todo ello, asociado a la vigilancia de las políticas públicas vigentes, y a la asignación y ejercicio del presupuesto público.

Éste se concentra en un instrumento denominado “Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, mismo que será discutido en las siguientes semanas como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF).

Y más allá del Anexo de Igualdad, debemos opinar sobre la distribución de recursos al Ramo 12 “Salud”, y los dineros y mecanismos de transparencia para el Seguro Popular (SP).

Sabemos que son pocas las propuestas legislativas que logran trascender el proceso legislativo y convertirse en ley; las que lo logran responden en gran medida a las preocupaciones de las cúpulas partidarias y están asociados a temas nacionales de coyuntura y acuerdos políticos previos.

Si revisamos las agendas que los diferentes grupos parlamentarios presentaron como sus prioridades al inicio de esta 63 Legislatura encontramos: temas de seguridad, justicia, finanzas públicas, lavado de dinero, derechos de víctimas, reforma fiscal, zonas económicas especiales y leyes secundarias de las llamadas reformas estructurales.

No obstante, es de llamar la atención que, en los hechos, hay ciertos temas que se han colocado en la discusión legislativa.

Declarativamente, incluso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha colocado entre sus prioridades de agenda legislativa, para este periodo que inicia, a la salud reproductiva, el VPH, la reproducción asistida, los sistemas de registro electrónico para la salud; así como el fortalecimiento a programas de apoyo a madres adolescentes y la problemática del embarazo temprano.

En efecto, esto no es gratuito, el embarazo en adolescentes apareció de manera constante durante la pasada Legislatura. Su planteamiento incluyó el acceso a educación sexual, anticoncepción, anticoncepción de emergencia, acceso a servicios de salud y educación, prevención de VIH y embarazo, asuntos en los que es necesario reforzar su abordaje desde la progresividad de los Derechos Humanos de las y los adolescentes, y como un asunto de salud pública y educación y, sobre todo, que avance del planteamiento político a la concreción en la legislación nacional.

En febrero pasado entró en escena la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescente (ENAPEA), impulsada desde el Ejecutivo federal. Entre sus metas se encuentra que para 2030 se reduzca 50 por ciento la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad, y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años.

Éste y los otros temas de interés de la Coalición también forman parte tanto de la agenda internacional como regional que se discute en este momento.

Por una parte, este septiembre se adopta la Agenda de Desarrollo Post 2015 que contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se plantean alcanzar en 2030. Incluye tres esferas del desarrollo: social, económico y ambiental, y será el paradigma que sustituya a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

A nivel regional tenemos el Consenso de Montevideo (septiembre de 2013), y este año en México, durante la II Conferencia Regional de Población y Desarrollo, se aprobará la Guía Operativa que ayudará a los países latinoamericanos a dar seguimiento de los avances ahí comprometidos.

Incluye temas de población y desarrollo: derechos y demandas de niñas, niños y adolescentes, envejecimiento y desafíos sociales de protección y cuidado, acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, igualdad de género, migración y Derechos Humanos, territorio, movilidad, pueblos indígenas, interculturalidad, afrodescendientes y combate al racismo.

Ambos instrumentos políticos son guías fundamentales para el progreso de políticas públicas y legislativas asociadas al desarrollo integral bajo el énfasis de Derechos Humanos.

Desde la Coalición por la Salud de las Mujeres insistiremos en dialogar y proponer a los nuevos legisladores, a las comisiones de Igualdad y de Presupuesto y Cuenta Pública (cuya integración se realizará este 30 de septiembre), que se establezca el diálogo entre dependencias de gobierno, Poder Legislativo y ciudadanía sobre el Proyecto de PEF 2016, en materia de salud sexual y reproductiva.

Para esta tarea, las y los diputados cuentan con el diagnóstico que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sobre el Anexo de Igualdad. Al momento de discutir el PEF, sería conveniente tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por este Consejo.

Por tanto, buscaremos que los diputados, mujeres y hombres,  recién llegados, realicen la evaluación de la política pública vigente.

Asimismo, invitamos a las y los diputados de la 63 Legislatura a trabajar de manera cercana con las organizaciones y la academia. Éstas cuentan con insumos y evidencia que puede enriquecer las discusiones parlamentarias.

Si deseamos mejorar la democracia en nuestro país, y si las y los legisladores buscaran mejorar su valoración social, la participación de la ciudadanía en estas tareas es una buena vía para lograrlo.

*Martha Juárez Pérez es enlace con el Poder Legislativo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

**Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 

Intérpretes interculturales para la promoción de la salud materna

LA VOZ DE LA COALICIÓN
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa









Por: Lina Rosa Berrío Palomo y María Sarai Fabián Villa*
Cimacnoticias | México, DF.- 25/08/2015
Al igual que las parteras y las promotoras comunitarias indígenas, las intérpretes interculturales contribuyen a garantizar la atención de las mujeres indígenas monolingües que acuden en busca de atención relacionada con su salud sexual y reproductiva, especialmente durante el embarazo y parto dentro de las instituciones públicas de salud.

La reciente salida de nueve intérpretes de hospitales de segundo nivel en zonas indígenas del estado de Guerrero dejará a un número considerable de usuarias desprovistas de los servicios de salud pública, acrecentando las brechas de desigualdad y discriminación existentes en el país.

Desde 2010 la Secretaría de la Mujer de Guerrero retomó la demanda de las organizaciones sociales y la comunidad para atender la morbi-mortalidad materna, poniendo en marcha el programa “Intérpretes Interculturales para la Prevención de la Muerte Materna (MM)”, el cual buscaba favorecer la comunicación efectiva entre las mujeres y el personal de los servicios de salud, asegurando el respeto a la diversidad lingüística.

Estrategia que no sólo contribuyó a la reducción de la MM, sino también mejoró la calidad de la atención recibida por la población indígena y garantizó así sus derechos consagrados en normas nacionales e internacionales, como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y la propia Ley General de Salud.

El proyecto arrancó con siete intérpretes provenientes de organizaciones de mujeres indígenas en la entidad y financiadas por la Secretaría de la Mujer, para prestar sus servicios en hospitales de segundo nivel en zonas con población mayoritariamente indígena.

A partir de 2013, nuevamente por la presión de las organizaciones, el programa fue replicado por la Secretaría de Salud (Ss) del estado al asignar un presupuesto específico para ello, el cual permitiera ampliar el número de intérpretes; así como los hospitales y turnos a los cuales estaban asignados.

Hasta el pasado 10 de agosto existían en Guerrero 22 intérpretes indígenas; de las cuales 13 son contratadas por la Ss estatal mediante un recurso transferido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) en el marco del programa de salud materna.

Las otras nueve, correspondientes a las de mayor antigüedad en el programa y con una vinculación directa a las organizaciones o comunidades indígenas, son contratadas por la Secretaría de la Mujer desde 2010.

Para el propio personal de salud, la presencia de las intérpretes ha sino una de las estrategias que más reconocen como positiva en tanto que contribuye de manera sustancial a facilitar su propia labor de comunicación, comprensión y entendimiento con la población indígena.

Las intérpretes explican y orientan a mujeres y hombres indígenas en su propia lengua, respecto a procedimientos, decisiones e información sobre salud sexual y reproductiva; acceso a servicios de planificación familiar; apoyo en casos de complicaciones; emergencias obstétricas; abortos; violaciones; procedimientos quirúrgicos requeridos como cesáreas cuando son necesarias; trámites y gestiones al interior de los servicios; acompañamiento durante el trabajo de parto, y explicaciones amplias a las mujeres y sus familias respecto a la atención que se les brindará.

La Secretaría de la Mujer de Guerrero estima que en 2014 alrededor de 3 mil 500 mujeres y hombres fueron auxiliados por las intérpretes indígenas, para recibir atención del personal de salud pública.

Es fundamental reconocer el papel jugado por la Secretaría de la Mujer de Guerrero al implementar desde 2010 este programa, junto con otro de fortalecimiento a las redes de parteras y promotoras comunitarias indígenas en las zonas Montaña, Costa Chica y Centro, el cual desapareció por falta de recursos a partir de 2013.

Hoy esta iniciativa de intérpretes también se cierra por el cambio de gobierno estatal previsto en Guerrero para octubre próximo.

Esta situación no sólo se presenta en dicha dependencia, sino también en otras donde ya no se están renovando contratos que se vencen hasta que no llegue el nuevo gobierno, o se están cancelando de manera anticipada como en este caso.

Lo anterior nos muestra la clara fragilidad institucional de iniciativas como ésta y los costos que tienen para la población, procesos políticos de cambios gubernamentales, tanto en esta entidad como en el resto del país.

Programas que se finalizan aunque estén dando buenos resultados; contratos que no se renuevan aunque se requieran los prestadores; licitaciones que se paralizan durante meses afectando las condiciones de salud de la población, como ocurre en el caso de medicamentos, estrategias que se clausuran, y avances en participación social que se desvanecen de un plumazo.

Hoy el llamado desde las organizaciones civiles, del personal de salud directamente vinculado a la atención en los hospitales y desde los pueblos indígenas, es a mantener iniciativas de esta naturaleza y a asumirlas desde el propio sector salud garantizando presupuesto amplio para ellos, continuidad en su implementación y en el tipo de personas contratadas para ello, así como ampliar la presencia a otros hospitales donde aún no se cuenta con este servicio.

Esta es una deuda pendiente del Estado mexicano con los pueblos indígenas en todo el país.

*Integrantes de Kinal Antzetik Distrito Federal.
**Kinal Antzetik es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.