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| CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina |
Por: Daniela Díaz Echeverría*
Cimacnoticias | México, DF.- 28/10/2014
El pasado 5 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2015, el cual contiene el Decreto y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2015.
Al revisar el detalle de los presupuestos en salud y los mecanismos de control, hay situaciones alarmantes.
En primer lugar, el presupuesto total que recibe la Secretaría de Salud federal (Ss) presenta un aumento insignificante de sólo 0.17 por ciento, en relación al asignado en 2014.
Ante este panorama surgen una serie de interrogantes y dudas de cómo se sostendrá el propósito de otorgar salud a prácticamente la mitad de la población del país. ¿Cómo afectará a áreas y actividades sustantivas de la provisión de atención en salud en el país? ¿Por qué la Ss y la SHCP tomaron esta decisión?
Comenzando por funciones propias de la rectoría del nivel federal. Por ejemplo, para labores de gestión de suma importancia de las direcciones y centros nacionales, los cuales coordinan la política pública en salud en el país, vigilan su cumplimiento, fiscalizan su aplicación, evalúan su impacto y hacen recomendaciones.
De igual manera, ¿cómo se verá afectada la serie de insumos en salud que se distribuyen a los servicios estales? Por ejemplo, las pruebas de VIH para mujeres embarazadas. La misma interrogante se presenta para los recursos financieros transferidos a las 32 entidades federativas.
Incertidumbre que se acrecienta con la tasa de crecimiento en cero del Seguro Popular (SP). Al aplicar el efecto de la inflación, a los pesos se les denomina reales o constantes, teniendo en el SP para 2014 la cantidad de 74 mil 789.25 millones de pesos (mdp) constantes, y contando para 2015 con 74 mil 789.23 mdp constantes. ¡Prácticamente la misma cantidad!
Si el SP es la principal fuente de financiamiento para los estados, ¿cuáles serán las consecuencias del estancamiento? Si la afiliación al SP es un eje de la política pública en salud en México, ¿por qué no se le aumentó el presupuesto para atender con calidad a las nuevas personas afiliadas?
Para recibir estos nuevos ingresos, ¿con cuáles recursos se sustentarán los establecimientos de salud? Con el mismo dinero del año anterior ¿cómo se atenderá la meta de aumentar la afiliación en 2015 a 57.3 millones de personas?
Si la mayoría de la atención hospitalaria cubierta con recursos del SP es para salud sexual y reproductiva y concentrada en mujeres, para ellas ¿qué implicará? ¿Cómo afectará a la provisión de servicios en salud sexual y reproductiva?
Con base en el Informe de Resultados 2013 (Ss/Comisión Nacional de Protección Social en Salud), la atención hospitalaria provista por el SP se concentró en la atención gineco-obstetra con 52.54 por ciento de la atención.
Es de dominio público la nueva modalidad de compra de anticonceptivos por parte de la Federación, y su distribución a las entidades federativas.
Para 2014 al SP le significó una erogación de mil 2.52 mdp; si no se plantea un aumento de su presupuesto para 2015 ¿esto afectará la provisión de dicho insumo? La Ss plantea la meta a 2015 de proveer de anticonceptivos a 4 millones 227 mil 506 mujeres en edad fértil. ¿Con cuánto presupuesto se cumplirá la meta?
Las mismas preguntas son válidas para los presupuestos específicos en los siete programas en salud sexual y reproductiva, a través de asignaciones en los llamados programas presupuestarios (PP) establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Es así que mediante el PP “Reducción de Mortalidad Materna” se canalizan recursos a los estados para el Programa de Salud Materna y Perinatal, básicamente para algunos requerimientos en atención de las mujeres durante el embarazo, el parto, el posparto y para los recién nacidos.
De nueva cuenta el crecimiento está en cero, pues en 2015 se le están asignando exactamente los mismos 537.68 mdp constantes determinados en 2014.
Una situación más preocupante es el decrecimiento de 23.93 por ciento para el PP “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género”, mecanismo por el cual se traspasan recursos para programas como Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Planificación Familiar y Anticoncepción, y Atención a la Violencia de Género. La presentación en el PPEF 2015 no permite identificar los programas afectados por el recorte.
Es válido señalar que estos comportamientos de asignación en el PEF 2015 atentan contra el principio de progresividad del presupuesto, determinados en diferentes documentos internacionales, obligatorios para México por su señalamiento en el artículo primero constitucional, y por la obligación de garantizar el derecho a la salud (artículo cuarto de la Constitución).
Estas fuentes de financiamiento, llámese PP o SP, se han ido plasmando en un convenio que desde 2009 se firma entre la Ss federal y las 32 secretarías estatales, los llamados Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE).
Se plasma en el AFASPE prácticamente todo el presupuesto de los programas presupuestarios relativos a salud sexual y reproductiva, y que como se explicó, se dirigen a siete programas de política pública, vinculándolo a indicadores, metas y a un número de población a cubrir.
Es más, para 2014 también se incorporaron al detalle de cada tipo de anticonceptivo, su costo unitario y el total, adquiridos mediante la compra con recursos del SP.
Así las cosas, el AFASPE es un mecanismo de asignación sustantivo que permite fortalecer la política pública y marca una ruta para su desarrollo. No sólo identificando las fuentes de financiamiento, sino también visibiliza los compromisos de los dos niveles de gobierno en materia de salud (sobre todo en cuanto a estrategias y acciones en promoción y prevención).
A la par de que año con año se ha fortalecido como herramienta de gestión de los recursos financieros y en insumos, como se observa con la compra de anticonceptivos, permite orientar presupuesto para estrategias enmarcadas en los Derechos Humanos de las mujeres.
Por ejemplo permite el pago salarial de parteras profesionales, traductoras, madrinas obstétricas o fijar recursos para el traslado de las mujeres para atención en salud materna o de VIH.
Asimismo, permitiría asignar presupuesto para garantizar la identificación de la violencia doméstica en los servicios de salud, y la canalización a los servicios que respondan a ella de manera eficiente abordando el vínculo entre violencia de género y VIH.
Del mismo modo, es un mecanismo que permitiría concretar acciones para la estrategia nacional para la prevención de embarazos en adolescentes.
Tras la argumentación constante y sólida de la sociedad civil, el AFASPE se explicitó en el Decreto del PEF 2012, en el artículo relativo al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).
Pese a su importancia y ventajas, el AFASPE se eliminó del PPEF 2015. Es prioritario que la Cámara de Diputados lo reestablezca.
Pero no sólo en términos de regular su fecha de firma, sino y sobre todo, en especificar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas públicas, reportar el ejercicio del gasto es esencial para asegurar su uso correcto, y responde a la obligación constitucional de publicar la información.
La Ss federal solamente publica el documento firmado; aunque se elaboran informes trimestrales e históricos, éstos no se dan a conocer.
En contraparte, la población tiene la facultad de ejercer el derecho constitucional del libre acceso a la información plural y oportuna (Artículo sexto constitucional).
En resumen, en manos del Poder Legislativo está el corregir las deficiencias en las asignaciones del presupuesto para salud en general y para salud reproductiva en particular, y avanzar de manera sólida en el cumplimiento de un principio fundamental para cualquier país que se diga democrático: la rendición de cuentas de lo que se hace con los recursos públicos.
Tarea compartida por el Ejecutivo federal, en consecuencia la Ss también tiene la facultad y la obligación de transparentar y reportar la aplicación del presupuesto del año en curso y del próximo. Las plataformas normativas y técnicas lo permiten.
*Responsable del Proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto Público de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Al revisar el detalle de los presupuestos en salud y los mecanismos de control, hay situaciones alarmantes.
En primer lugar, el presupuesto total que recibe la Secretaría de Salud federal (Ss) presenta un aumento insignificante de sólo 0.17 por ciento, en relación al asignado en 2014.
Ante este panorama surgen una serie de interrogantes y dudas de cómo se sostendrá el propósito de otorgar salud a prácticamente la mitad de la población del país. ¿Cómo afectará a áreas y actividades sustantivas de la provisión de atención en salud en el país? ¿Por qué la Ss y la SHCP tomaron esta decisión?
Comenzando por funciones propias de la rectoría del nivel federal. Por ejemplo, para labores de gestión de suma importancia de las direcciones y centros nacionales, los cuales coordinan la política pública en salud en el país, vigilan su cumplimiento, fiscalizan su aplicación, evalúan su impacto y hacen recomendaciones.
De igual manera, ¿cómo se verá afectada la serie de insumos en salud que se distribuyen a los servicios estales? Por ejemplo, las pruebas de VIH para mujeres embarazadas. La misma interrogante se presenta para los recursos financieros transferidos a las 32 entidades federativas.
Incertidumbre que se acrecienta con la tasa de crecimiento en cero del Seguro Popular (SP). Al aplicar el efecto de la inflación, a los pesos se les denomina reales o constantes, teniendo en el SP para 2014 la cantidad de 74 mil 789.25 millones de pesos (mdp) constantes, y contando para 2015 con 74 mil 789.23 mdp constantes. ¡Prácticamente la misma cantidad!
Si el SP es la principal fuente de financiamiento para los estados, ¿cuáles serán las consecuencias del estancamiento? Si la afiliación al SP es un eje de la política pública en salud en México, ¿por qué no se le aumentó el presupuesto para atender con calidad a las nuevas personas afiliadas?
Para recibir estos nuevos ingresos, ¿con cuáles recursos se sustentarán los establecimientos de salud? Con el mismo dinero del año anterior ¿cómo se atenderá la meta de aumentar la afiliación en 2015 a 57.3 millones de personas?
Si la mayoría de la atención hospitalaria cubierta con recursos del SP es para salud sexual y reproductiva y concentrada en mujeres, para ellas ¿qué implicará? ¿Cómo afectará a la provisión de servicios en salud sexual y reproductiva?
Con base en el Informe de Resultados 2013 (Ss/Comisión Nacional de Protección Social en Salud), la atención hospitalaria provista por el SP se concentró en la atención gineco-obstetra con 52.54 por ciento de la atención.
Es de dominio público la nueva modalidad de compra de anticonceptivos por parte de la Federación, y su distribución a las entidades federativas.
Para 2014 al SP le significó una erogación de mil 2.52 mdp; si no se plantea un aumento de su presupuesto para 2015 ¿esto afectará la provisión de dicho insumo? La Ss plantea la meta a 2015 de proveer de anticonceptivos a 4 millones 227 mil 506 mujeres en edad fértil. ¿Con cuánto presupuesto se cumplirá la meta?
Las mismas preguntas son válidas para los presupuestos específicos en los siete programas en salud sexual y reproductiva, a través de asignaciones en los llamados programas presupuestarios (PP) establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Es así que mediante el PP “Reducción de Mortalidad Materna” se canalizan recursos a los estados para el Programa de Salud Materna y Perinatal, básicamente para algunos requerimientos en atención de las mujeres durante el embarazo, el parto, el posparto y para los recién nacidos.
De nueva cuenta el crecimiento está en cero, pues en 2015 se le están asignando exactamente los mismos 537.68 mdp constantes determinados en 2014.
Una situación más preocupante es el decrecimiento de 23.93 por ciento para el PP “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género”, mecanismo por el cual se traspasan recursos para programas como Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Planificación Familiar y Anticoncepción, y Atención a la Violencia de Género. La presentación en el PPEF 2015 no permite identificar los programas afectados por el recorte.
Es válido señalar que estos comportamientos de asignación en el PEF 2015 atentan contra el principio de progresividad del presupuesto, determinados en diferentes documentos internacionales, obligatorios para México por su señalamiento en el artículo primero constitucional, y por la obligación de garantizar el derecho a la salud (artículo cuarto de la Constitución).
Estas fuentes de financiamiento, llámese PP o SP, se han ido plasmando en un convenio que desde 2009 se firma entre la Ss federal y las 32 secretarías estatales, los llamados Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE).
Se plasma en el AFASPE prácticamente todo el presupuesto de los programas presupuestarios relativos a salud sexual y reproductiva, y que como se explicó, se dirigen a siete programas de política pública, vinculándolo a indicadores, metas y a un número de población a cubrir.
Es más, para 2014 también se incorporaron al detalle de cada tipo de anticonceptivo, su costo unitario y el total, adquiridos mediante la compra con recursos del SP.
Así las cosas, el AFASPE es un mecanismo de asignación sustantivo que permite fortalecer la política pública y marca una ruta para su desarrollo. No sólo identificando las fuentes de financiamiento, sino también visibiliza los compromisos de los dos niveles de gobierno en materia de salud (sobre todo en cuanto a estrategias y acciones en promoción y prevención).
A la par de que año con año se ha fortalecido como herramienta de gestión de los recursos financieros y en insumos, como se observa con la compra de anticonceptivos, permite orientar presupuesto para estrategias enmarcadas en los Derechos Humanos de las mujeres.
Por ejemplo permite el pago salarial de parteras profesionales, traductoras, madrinas obstétricas o fijar recursos para el traslado de las mujeres para atención en salud materna o de VIH.
Asimismo, permitiría asignar presupuesto para garantizar la identificación de la violencia doméstica en los servicios de salud, y la canalización a los servicios que respondan a ella de manera eficiente abordando el vínculo entre violencia de género y VIH.
Del mismo modo, es un mecanismo que permitiría concretar acciones para la estrategia nacional para la prevención de embarazos en adolescentes.
Tras la argumentación constante y sólida de la sociedad civil, el AFASPE se explicitó en el Decreto del PEF 2012, en el artículo relativo al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).
Pese a su importancia y ventajas, el AFASPE se eliminó del PPEF 2015. Es prioritario que la Cámara de Diputados lo reestablezca.
Pero no sólo en términos de regular su fecha de firma, sino y sobre todo, en especificar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas públicas, reportar el ejercicio del gasto es esencial para asegurar su uso correcto, y responde a la obligación constitucional de publicar la información.
La Ss federal solamente publica el documento firmado; aunque se elaboran informes trimestrales e históricos, éstos no se dan a conocer.
En contraparte, la población tiene la facultad de ejercer el derecho constitucional del libre acceso a la información plural y oportuna (Artículo sexto constitucional).
En resumen, en manos del Poder Legislativo está el corregir las deficiencias en las asignaciones del presupuesto para salud en general y para salud reproductiva en particular, y avanzar de manera sólida en el cumplimiento de un principio fundamental para cualquier país que se diga democrático: la rendición de cuentas de lo que se hace con los recursos públicos.
Tarea compartida por el Ejecutivo federal, en consecuencia la Ss también tiene la facultad y la obligación de transparentar y reportar la aplicación del presupuesto del año en curso y del próximo. Las plataformas normativas y técnicas lo permiten.
*Responsable del Proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto Público de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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